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Madeira "Las Termoeléctricas perjudican el Medio Ambiente"

Ambiente 25 de agosto de 2018
El Abogado y Secretario del Partido Socialista, presentó un amparo en patrocinio de organizaciones ambientales de Pilar y Escobar
APR

El avance de las termoeléctricas en la Provincia de Buenos Aires preocupa a la comunidad y pone en peligro la salud y medioambiente de los bonaerenses. El Abogado ambientalista y Secretario de Acción Política del Partido Socialista de la Primera Sección Electoral, Gustavo Madeira, presentó un amparo en patrocinio de organizaciones ambientales y grupos vecinales autoconvocados de Pilar y Escobar contra la construcción de dos centrales termoeléctricas en los municipios del conurbano bonaerense, logrando una medida "De no innovar" en el fuero federal de Campana.

¿En que se basa el recurso de amparo presentado?

Presentamos junto a vecinos y organizaciones sociales de Pilar y Escobar, una acción colectiva "Preventiva colectiva de daño ambiental". Es una herramienta procesal que nos da el nuevo Código Civil (art. 1711), en donde cualquier ciudadano le puede solicitar a la Justicia que ante acciones que se consideran antijurídicas y/o ilegales, que hacen previsible la producción de un daño -en este caso al ambiente sano y equilibrado que protege nuestra Const. Nacional en su art. 41- el Juez debe dictar una medida a fin de evitar la producción del mismo, su continuación o agravamiento. Hoy todo el Derecho tiene una tendencia a la “prevención” del daño, hay que anticiparse a que este se produzca, puesto que una vez producido, sobre todo en temas de contaminación ambiental, puede ya ser muy tarde para la intervención de la Justicia, o bien, su reparación mucho más difícil y costosa, no solo en términos económicos, sino primordialmente en afectaciones a la salud y seguridad pública.

En el caso, entendimos que la ilegalidad o acto antijurídico ha sido la construcción de 2 centrales termoeléctricas (CTs) enormes, que generan energía a base de combustibles fósiles, en el medio de una zona urbana y poblada donde viven miles de vecinos de Pilar y Escobar, sin cumplir con las normas de la Ley General del Ambiente (25.675), sin ningún tipo de participación ciudadana que es obligatoria, sin el llamado a audiencias públicas, y en una zona que según el Código de Zonificación local, al momento del inicio de la obra no era apta la instalación de industrias de 3ra. categoría como ésta, que conforme el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) son las industrias más contaminantes y peligrosas.

¿Cuál es el daño ambiental que estiman se generará con las termoeléctricas?

Son CTs que funcionan consumiendo millones de litros de agua diariamente, afectando el recurso hídrico del acuífero Puelche que en la zona está considerado como de “disponibilidad restringida” debido a su estado crítico según la propia Autoridad del Agua. La sobrexplotación del acuífero traerá consigo su contaminación como está probado por estudios científicos, y ello afectaría a más del 70% de la población de la zona que carece de agua potable. Recordemos que el derecho al agua es considerado un derecho humano fundamental.

Pero además, son centrales que funcionan a base de combustibles fósiles, por lo tanto es un proyecto que va a contrapelo de la tendencia mundial de reemplazo de este tipo de energías, por energías limpias y renovables. Ese es un compromiso  firmado en el Acuerdo de París que nuestro país ha homologado con la ley 27.720 durante este gobierno, y hasta instituciones financieras como el Banco Mundial han establecido recientemente que no financiarán más proyectos de este tipo para evitar el agravamiento del calentamiento global. En efecto utilizar combustibles fósiles (en el caso diésel y gas) genera un reconocido daño ambiental porque produce gases de efecto invernadero y porque esos gases además son degradantes del medio ambiente y la salud pública debido a su toxicidad. Las principales emisiones al aire procedentes de la combustión de combustibles fósiles consisten en dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX), material particulado (MP), monóxido de carbono (CO) y gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2). El dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno generan también una lluvia ácida de largo alcance.

Tampoco es menor la contaminación sonora que producen los termogeneradores, en total son 14, con ruidos agudos similares a una turbina de avión que pueden funcionar todos al mismo tiempo, día y noche. En los ensayos de prueba, los vecinos se han quejado mucho de eso.

En nuestro país, gran parte de la energía eléctrica generada se hace de este modo, el modo más contaminante, pero lo cierto que este tipo de emprendimientos tienen que estar localizados en zonas aptas y bien lejos de la población, y para respetar los tratados internacionales y nuestras leyes, el país no debe seguir incrementando la generación de energía de este tipo, eso es una política muy regresiva en lo ambiental.

Además, conforme los propios registros de Cammesa, Argentina ya genera suficiente energía para el uso actual, y puede programarse tranquilamente una política pública que prevea la generación de energías limpias, para el futuro crecimiento y desarrollo del país. En este sentido, es de destacar que las mismas autoridades nacionales admiten actualmente que no existe una crisis de generación de energía eléctrica, sino que los cortes de suministro a los que estamos acostumbrados, se deben primordialmente a la falta de mantenimiento y al estado lamentable de las redes de distribución, transformadores, etc., de modo que tampoco es valida la excusa de la "Crisis".

¿Cuál es la posición del Municipio y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires?

El Municipio de Pilar y el Gobierno de la Pcia. de Bs. As, apoyan explícitamente la instalación de estas CTs a pesar de las irregularidades denunciadas, y a pesar incluso, de que el Juzgado Federal de Campana inició de oficio una investigación penal por incumplimientos de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, llamando a indagatoria a numerosos funcionarios municipales y provinciales. No sería de extrañar que la investigación criminal en algún momento llegare hasta la gobernadora Vidal, puesto que ella misma puso su firma en la convalidación de una zonificación ilegal, con el único objeto de autorizar el funcionamiento de estas CTs, en un tiempo récord, a posteriori de que estuvieran iniciadas las obras, y contrariando la propia conducta previa de la administración provincial en otros casos similares. Por ejemplo, todo proceso de "Zonificación" según leyes de orden público provincial, de ser precedido de la imprescindible participación ciudadana, y para este caso, eso fue expresamente pasado por alto, a pesar de los innumerables reclamos de los vecinos. Se ve que había apuro en dar esta autorización. Como dato de color, llegó a manos de la Gobernadora una carta firmada por 3000 madres de Pilar y Escobar que se oponían a las CTs, solicitando ser escuchadas, y como toda respuesta, a los pocos días, recibieron el decreto de convalidación que mencionaba anteriormente.

A medida que vamos avanzando en esta lucha, nos damos cuenta  de que las presiones políticas son muy fuertes. Vamos comprobando que todo esto es un gran negocio, millonario, en el que existe especial interés por parte del Gobierno Nacional. De hecho, hay investigaciones periodísticas que involucran a una de las empresas (Araucaria Energy SA) con el núcleo de poder del propio presidente Macri. Para que te des una idea, Araucaria  se constituyó en el país, un mes después de que fuera el llamado a licitación pública, con un capital de solo $ 100.000 (sic) y sin ningún tipo de experiencia previa en esta materia, ganó 4 de las 5 licitaciones en que se presentó. Luego de haberlas ganado, consiguió financiamiento de casi 700 millones de dólares colocando bonos privados en el exterior, en operaciones en las cuales intervino asesorando un estudio jurídico de New York  Holland & Knight, en el que casualmente es socio el Dr. Norberto Quintana, hermano de Mariano Quintana mano derecha del Presidente Macri. Es un entramado bastante complejo, pero que explicaría el por qué estas empresas se mueven con impunidad, arriesgándose a inversiones millonarias sin tener el aval de la ley.

Una de las licitaciones ganadas es la CT de Pilar/Escobar. Otra también que tiene un fuerte conflicto con los vecinos, es la que se pretende instalar en Luján. Allí también hemos iniciado a través de una ONG a la que pertenezco (Organización de Ambientalistas Autoconvocados), acciones judiciales en defensa del ambiente sano. También esta empresa en Enero del 2018 fue beneficiada con exenciones impositivas por decreto presidencial, publicado en el Boletín Oficial. Todo muy llamativo, perdonan impuestos a grandes corporaciones, en tiempos en que se dice que hay que reducir el gasto y se nos pide un sacrificio a toda la población.

Otra cuestión muy importante para entender los intereses económicos en juego, es que existe una investigación del CIPPEC, realizada por el investigador en desarrollo económico Diego Bondorevsky en diciembre de 2017, en donde se explica la inconveniencia para el país de este tipo de contratos  PPA , con las adjudicatarias de energías térmicas. Son contratos que se firmaron a 10 años y se efectivizaron en un precio medio de U$S 21/kW-mes; para poner en contexto esos valores, en Chile los precios resultantes de una tecnología similar son de aproximadamente U$S 8,5/kW-mes, y en México del orden de U$S 6/kW-mes. Esto genera un sobreprecio de dos o tres veces lo que se paga en esos países, una pérdida anual total de todas las licitaciones de aproximadamente 600 millones de dólares, que por supuesto, debemos pagar todos los argentinos a través de las tarifas. El requerido aumento tarifario, totalmente irrazonable, tiene que ver también con el sostenimiento de estos “negocios”. Acá se cristaliza una política de "Redistribución de la riqueza" ilegítima, regresiva e inversa, desde los usuarios hacia estas corporaciones.

¿Cuál es el estado actual de la causa?

En principio, a nuestro pedido el Juzgado Federal de Campana dictó una medida cautelar de cese de la construcción y funcionamiento. Esa medida fue cuestionada y apelada por las empresas, y ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación su tratamiento. Esta es una Corte que ha tenido fallos fundacionales y progresistas, en defensa del medio ambiente. Esperemos que este caso no sea una excepción y que el derecho de los vecinos a vivir en una ambiente sano, equilibrado y digno, prime por sobre la consideración de los intereses económicos de estas corporaciones que tienen el favor del Poder Político.

Fuente: Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires.

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